Sur.es 24/11/2009
«Como alcalde de Comares le he llegado a plantear a mis compañeros de partido en la comarca que lo que tenemos que hacer es plantarnos y decirle a la Junta que hasta aquí hemos llegado». Así expresaba ayer el regidor comareño, el popular Manuel Robles, su malestar con la Junta de Andalucía por lo que esta sucediendo en la Axarquía con el urbanismo, sobre todo después de que el consejero de la Presidencia, Luis Pizarro, afirmara la pasada semana que la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA) no se modificará para legalizar las viviendas irregulares que existen en la comarca.
El presidente de la Diputación, Salvador Pendón, se ha sumado también a las palabras de Pizarro al afirmar que el procedimiento de regularización de las viviendas que ahora mismo están fuera de ordenación en la Axarquía «se puede hacer, incluso, sin cambiar la ley porque se ha hecho en otras partes de Andalucía».
Pese a todo, Robles considera que lo que «debemos hacer los alcaldes es plantarnos e irnos con la cabeza alta o darles las varas de mando a la Junta para que sean ellos que gobiernen en los pueblos. Lo que no puede ser es que en las grandes ciudades de la costa se siga construyendo sin ningún problema y en el interior no podamos hacer absolutamente nada», señala el regidor.
El malestar de los ediles del PP es equiparable al que sienten los regidores socialistas de la comarca, algunos de los cuales también se plantean la posibilidad de renunciar a sus cargos en los ayuntamientos e incluso pedir ceses en la Junta de Andalucía, por entender que no están recibiendo el respaldo necesario.
Enfrentamiento
Este enfrentamiento no es extraño, teniendo en cuenta que hay mandatarios que culpan a la Junta de la situación jurídica por la que atraviesan algunos ediles, precisamente por recurrir los proyectos de actuación que han servido a los ayuntamientos para conceder las licencias de obras en el no urbanizable.
«No hay una sola vez que no nos veamos que no nos preguntemos si merece la pena continuar en política y volver a presentarnos», asegura el alcalde de Colmenar, Pedro Fernández (PSOE), imputado por un presunto delito de prevaricación por omisión, para quien hay casos de alcaldes que están siendo acusados por la Fiscalía que sencillamente han podido estar mal asesorados.
«Existe preocupación entre los alcaldes porque cuando se gobierna en ayuntamientos grandes se cuenta con toda una batería de técnicos que te asesoran, pero en los pequeños, donde a veces sólo cuentas con el asesoramiento del secretario una vez a la semana porque lo tienes compartido con otro municipio, es muy difícil hacer las cosas perfectas. Por eso decimos que resolver los temas por la vía de Contencioso Administrativo puede permitir resolver cualquier defecto en la tramitación, y que la vía penal dejarla sólo para los casos de corrupción», señala Fernández.
Para regidores como el de Canillas de Aceituno, José Manuel Aranda, también del PSOE, al que la Fiscalía ha solicitado cuatro años de prisión y 20 de inhabilitación por dos presuntos delitos de prevaricación urbanística, la Junta de Andalucía ha engañado demasiadas veces a los mandatarios axárquicos con el urbanismo.
Para este alcalde, uno de los problemas a los que se están enfrentando los ayuntamientos se deriva de la postura que ha mantenido hasta ahora la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de recurrir todos los proyectos de actuación utilizados para conceder licencias de obras en el campo. «En Málaga, la Consejería ha informado negativamente estos proyectos por norma, mientras que en otras provincias no es así. Además su informe no es vinculante. Si hubieran dicho que lo era seguro que ningún Ayuntamiento habría concedido una sola licencia para construir casas en el no urbanizable», asegura Aranda.
Preocupación
El nerviosismo y la preocupación entre los alcaldes se ha acentuado en las últimas semanas al expresar la Junta de Andalucía que la LOUA no se cambiará, todo ello coincidiendo con la constitución de la Mesa por el Urbanismo, precisamente con la intención de facilitar la regularización de las viviendas ilegales que existen en la zona.
Los alcaldes de la comarca tenían previsto reunirse de nuevo ayer en la mesa, que fue desconvocada ante la previsible visita esta semana a Málaga del consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, con quien esperan reunirse de nuevo para seguir tratando el problema del urbanismo.
«Como alcalde de Comares le he llegado a plantear a mis compañeros de partido en la comarca que lo que tenemos que hacer es plantarnos y decirle a la Junta que hasta aquí hemos llegado». Así expresaba ayer el regidor comareño, el popular Manuel Robles, su malestar con la Junta de Andalucía por lo que esta sucediendo en la Axarquía con el urbanismo, sobre todo después de que el consejero de la Presidencia, Luis Pizarro, afirmara la pasada semana que la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA) no se modificará para legalizar las viviendas irregulares que existen en la comarca.
El presidente de la Diputación, Salvador Pendón, se ha sumado también a las palabras de Pizarro al afirmar que el procedimiento de regularización de las viviendas que ahora mismo están fuera de ordenación en la Axarquía «se puede hacer, incluso, sin cambiar la ley porque se ha hecho en otras partes de Andalucía».
Pese a todo, Robles considera que lo que «debemos hacer los alcaldes es plantarnos e irnos con la cabeza alta o darles las varas de mando a la Junta para que sean ellos que gobiernen en los pueblos. Lo que no puede ser es que en las grandes ciudades de la costa se siga construyendo sin ningún problema y en el interior no podamos hacer absolutamente nada», señala el regidor.
El malestar de los ediles del PP es equiparable al que sienten los regidores socialistas de la comarca, algunos de los cuales también se plantean la posibilidad de renunciar a sus cargos en los ayuntamientos e incluso pedir ceses en la Junta de Andalucía, por entender que no están recibiendo el respaldo necesario.
Enfrentamiento
Este enfrentamiento no es extraño, teniendo en cuenta que hay mandatarios que culpan a la Junta de la situación jurídica por la que atraviesan algunos ediles, precisamente por recurrir los proyectos de actuación que han servido a los ayuntamientos para conceder las licencias de obras en el no urbanizable.
«No hay una sola vez que no nos veamos que no nos preguntemos si merece la pena continuar en política y volver a presentarnos», asegura el alcalde de Colmenar, Pedro Fernández (PSOE), imputado por un presunto delito de prevaricación por omisión, para quien hay casos de alcaldes que están siendo acusados por la Fiscalía que sencillamente han podido estar mal asesorados.
«Existe preocupación entre los alcaldes porque cuando se gobierna en ayuntamientos grandes se cuenta con toda una batería de técnicos que te asesoran, pero en los pequeños, donde a veces sólo cuentas con el asesoramiento del secretario una vez a la semana porque lo tienes compartido con otro municipio, es muy difícil hacer las cosas perfectas. Por eso decimos que resolver los temas por la vía de Contencioso Administrativo puede permitir resolver cualquier defecto en la tramitación, y que la vía penal dejarla sólo para los casos de corrupción», señala Fernández.
Para regidores como el de Canillas de Aceituno, José Manuel Aranda, también del PSOE, al que la Fiscalía ha solicitado cuatro años de prisión y 20 de inhabilitación por dos presuntos delitos de prevaricación urbanística, la Junta de Andalucía ha engañado demasiadas veces a los mandatarios axárquicos con el urbanismo.
Para este alcalde, uno de los problemas a los que se están enfrentando los ayuntamientos se deriva de la postura que ha mantenido hasta ahora la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de recurrir todos los proyectos de actuación utilizados para conceder licencias de obras en el campo. «En Málaga, la Consejería ha informado negativamente estos proyectos por norma, mientras que en otras provincias no es así. Además su informe no es vinculante. Si hubieran dicho que lo era seguro que ningún Ayuntamiento habría concedido una sola licencia para construir casas en el no urbanizable», asegura Aranda.
Preocupación
El nerviosismo y la preocupación entre los alcaldes se ha acentuado en las últimas semanas al expresar la Junta de Andalucía que la LOUA no se cambiará, todo ello coincidiendo con la constitución de la Mesa por el Urbanismo, precisamente con la intención de facilitar la regularización de las viviendas ilegales que existen en la zona.
Los alcaldes de la comarca tenían previsto reunirse de nuevo ayer en la mesa, que fue desconvocada ante la previsible visita esta semana a Málaga del consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, con quien esperan reunirse de nuevo para seguir tratando el problema del urbanismo.
